Sentencias tribunal supremo cesion ilegal de trabajadores


 

Casos del Tribunal Supremo

Los trabajadores prestan servicios como conductores de carretillas elevadoras para una empresa dedicada a servicios de carga y descarga de mercancías, que a su vez tiene suscrito un contrato de prestación de servicios de logística, manipulación y operaciones de carga para el departamento de logística de otra empresa dedicada al transporte de envíos urgentes.

Los trabajadores, destinados al cumplimiento de este contrato, prestaban sus servicios en las instalaciones de la empresa; recibían un curso de carretillas elevadoras que estaba programado para los trabajadores de ambas empresas; y disponían de claves de acceso y contraseña como los trabajadores de la principal. Además, el jefe de la empresa principal mantenía reuniones con los trabajadores de la contrata sobre las incidencias que se producían, y se encargaba del control de presencia. Por otro lado, los trabajadores de la contrata llevaban uniformes con el anagrama de la principal.

En marzo de 2015, la empresa principal comentó al contrato por el que prestan servicio los trabajadores, la extinción del contrato de prestación, lo que implica el despido objetivo de todos los trabajadores. Ante la situación, presentan una demanda de cesión ilegal que es desestimada tanto en primera instancia como en el trámite de alegaciones. En ambos casos, se considera lícita la externalización de servicios cuando la empresa contratante aporta no sólo mano de obra, sino también un valor añadido, como es su experiencia y organización en la actividad concreta que se realiza; y en el caso analizado, aunque la empresa contratante no aporta ningún elemento físico, ni maquinaria, ni herramientas, sí aporta la coordinación y gestión de los trabajos.

Garcetti v. ceballos profesores

El contenido de este documento no tiene la fuerza y el efecto de la ley y no está destinado a obligar al público de ninguna manera. Este documento sólo pretende proporcionar claridad al público en relación con los requisitos existentes bajo la ley o las políticas de la agencia.

En Burlington Industries, Inc. contra Ellerth, 118 S. Ct. 2257 (1998), y Faragher contra la ciudad de Boca Ratón, 118 S. Ct. 2275 (1998), el Tribunal Supremo dejó claro que los empleadores están sujetos a la responsabilidad indirecta por el acoso ilegal de los supervisores. La norma de responsabilidad establecida en estas decisiones se basa en dos principios: 1) un empleador es responsable de los actos de sus supervisores, y 2) se debe alentar a los empleadores a prevenir el acoso y a los empleados a evitar o limitar el daño del acoso. Para dar cabida a estos principios, el Tribunal sostuvo que un empleador es siempre responsable del acoso de un supervisor si éste culmina en una acción laboral tangible. Sin embargo, si no lo hace, el empresario puede evitar la responsabilidad o limitar los daños estableciendo una defensa afirmativa que incluya dos elementos necesarios:

Garcetti v. ceballos opinión disidente

de sus deberes para inspirar la confianza del público en la imparcialidad e independencia de los tribunales. Este código deontológico establece los principios básicos de conducta ética que deben observar los empleados de los tribunales, además de las leyes, normas y directivas que rigen conductas específicas, para que el sistema judicial pueda cumplir su función como proveedor de una justicia eficaz e imparcial.

C. Los empleados de los tribunales no discriminarán, ni manifestarán mediante palabras o conductas, prejuicios o predisposiciones por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, religión, credo, origen nacional, estado civil, edad o discapacidad.

D. Los empleados de la Corte no revelarán ninguna información confidencial recibida en el curso de sus funciones oficiales, salvo en la medida en que sea necesario para el desempeño de dichas funciones, ni utilizarán dicha información para obtener beneficios o ventajas personales.

A. Los empleados de la Corte no se involucrarán en empleos o actividades comerciales externas que interfieran con el desempeño de sus funciones oficiales o que creen un conflicto real o aparente con dichas funciones.

Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Alicia Laplana era la cajera de la sucursal de Baguio City de la Philippine Telegraph and Telephone Corporation (en adelante, simplemente PT & T). En algún momento de marzo de 1984, la tesorera de PT & T, la Sra. Alicia A. Arogo, indicó a Laplana que se trasladara a la sucursal de la empresa en la ciudad de Laoag. Laplana rechazó el traslado y propuso, en su lugar, que se formara a los empleados cualificados de la sucursal de Baguio para ello. En su carta a la Sra. Arogo, fechada el 27 de marzo de 1984, expuso sus razones, a saber

He establecido la ciudad de Baguio como mi residencia permanente. Trabajar en Laoag me supondrá gastos adicionales, como el alojamiento y la manutención, así como otros gastos diversos. Mi salario no será suficiente, no habrá ahorros y mi familia gastará más a causa de mi traslado.

Como ya llevo más de seis años en PT & T, he aprendido a trabajar con mis compañeros de trabajo aquí de forma más eficaz. Trabajar en otro lugar con un entorno totalmente diferente requerirá un largo periodo de adaptación, lo que afectará al rendimiento de mi trabajo.

About the author